¿Es necesario que los interesados consientan la consulta de datos y documentos por parte de las Administraciones públicas? ¿Cómo?

Una de las cuestiones que suscita más debate es si es necesario disponer del consentimiento del interesado para la consulta de datos y documentos en poder de la propia Administración o de otras Administraciones públicas (AAPP), para dar cumplimiento al derecho de la ciudadanía a no aportar al procedimiento aquellos documentos que obran en poder de las AAPP, reconocido a todos los efectos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas (LPACAP) y la Ley 26 /2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.

Como manifiesta la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) en su dictamen CNS56/2016 , la ciudadanía tiene derecho a no aportar al procedimiento los documentos que haya elaborado cualquier A deministración o que ya haya aportado previamente. Para hacer efectivo este derecho, traslada a la Administración la carga de incorporarlos al expediente, estableciendo los criterios que deben seguirse para la consulta o solicitud de esta documentación, los cuales hay que analizarlos desde de la perspectiva de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), que indica claramente en el artículo 6.1 que el tratamiento de los datos personales requiere el consentimiento inequívoco del afectado , salvo que una Ley disponga otra cosa.

La LPACAP presume que existe autorización para la consulta o cesión de los datos por parte del afectado, salvo que conste la oposición expresa en el procedimiento o la Ley especial aplicable requiera este consentimiento expreso. Por tanto, se establece una habilitación legal para la cesión de datos entre órganos de una misma administración o entre administraciones públicas, al amparo del artículo 11.2 a) de la LOPD.

En consecuencia, las AAPP pueden acceder a los datos necesarios para el procedimiento concreto sin consentimiento expreso en base a la habilitación legal que ofrecen los artículos 28.2 y 28.3 de la LPACAP, siempre y cuando la persona afectada no se haya opuesto expresamente a la misma. En este caso, la APDCAT considera que esta oposición podría articularse a través de la inclusión de una casilla en los formularios, que el ciudadano pueda marcar en caso de oponerse a la consulta.

No obstante lo anterior, deberá solicitarse el consentimiento expreso en el caso de que se trate de datos especialmente protegidos previstos en el artículo 7.2 y 7.3 de la LOPD.

Todo ello sin perjuicio de la necesidad de cumplir el resto de obligaciones derivadas de la normativa de protección de datos, en especial:

• El principio de proporcionalidad.
• El derecho de información al afectado, es decir, deberá informarse en los formularios de solicitud, de las consecuencias de no aportar la información exigible y del hecho de que se presumirá que se da el consentimiento para poder buscar directamente esta información.